Cuando se trata de los modos en que el Estado mexicano ha conducido su política exterior a lo largo del último siglo (es decir, por lo menos desde que finalizó la Revolución política de 1910-1940), un acontecimiento en particular se suele invocar como evidencia irrefutable de la solidez de la tradición diplomática del régimen político mexicano, de su compromiso con las causas justas y legítimas de los pueblos del mundo y, sobre todo, de su autonomía de acción en la arena internacional. El hecho en cuestión es la negativa de México a romper relaciones con el gobierno de la isla en 1962, a propósito de la crisis de los misiles soviéticos, cuando la mayor parte de los Estados americanos ―motu proprio o por presiones estadounidenses― se avocaron a aislar regionalmente al pueblo cubano so pretexto de contener, con ello, el avance del comunismo en el continente.

Ahora que el gobierno de Donald Trump ha colocado en el centro de sus ambiciones imperiales la inducción acelerada de un cambio de régimen político en Cuba (luego de haber depuesto a Nicolás Maduro, en Venezuela, y, con ello, haber cercenado la mayor parte de las transferencias de hidrocarburos de las que depende la isla para sobrevivir al bloqueo estadounidense), en México se ha vuelto a invocar la continuidad de esa tradición diplomática como el fundamento que guía el actuar del gobierno de Claudia Sheinbaum respecto del pueblo cubano, esperando, con ello, poder sortear la amenaza estadounidense.

Tal y como lo fue en circunstancias históricas similares en las que la amistad entre México y Cuba se convirtió en una fuente de conflictos ineludibles con Estados Unidos, la idea de fondo, en este sentido, parece ser que, al apelar a la continuidad histórica de la relación bilateral ―más allá y al margen, inclusive, de los cambios sexenales en México―, se pretende convencer a las élites estadounidenses de que dicho vínculo no tiene nada que ver con ideologías afines en ambos países, ni siquiera con alguna pretendida voluntad por parte de México de defender la naturaleza, el carácter y/o la legitimidad de la Revolución Cubana sino, antes bien, con el simple y llano respeto a una tradición de neutralidad en la conducción de las relaciones exteriores del Estado mexicano.

Es esa aspiración la que explica, de hecho, la insistencia con la cual la presidenta Sheinbaum subraya que la defensa diplomática de la relación bilateral con la isla Grancaribeña, en mayor o en menor grado, también se ha dado por parte de gobiernos que la antecedieron y frente a los cuales las distancias y las diferencias ideológicas (respecto de Cuba, sí, pero también respecto de la Cuarta Transformación obradorista) son insalvables.

La política exterior de México respecto de Cuba y de su régimen revolucionario, no obstante, nunca ha sido neutral. Se la tiende a reflexionar y a estudiar en México de esa forma, en general, porque el énfasis analítico se suele colocar en la continuidad histórica de los vínculos diplomáticos que han sostenido ambas naciones cuando en el resto del continente proliferaron las rupturas, los bloqueos, los asedios y las presiones por parte de otros Estados. Sin embargo, lo que no habría de perderse de vista, hoy, para comprender el porqué de esa continuidad en la política exterior de México ―aparentemente neutral o posideológica― hacia la isla es que, conforme pasaron los sexenios y el presidencialismo en México se consolidó en su carácter más autoritario concebible, la relación diplomática con Cuba se instrumentalizó, a menudo, como una forma de hacer notar a la comunidad internacional que el programa revolucionario de 1910-1940 seguía vivo y guiando la política doméstica y las relaciones exteriores de México con el resto del mundo.

Históricamente, pues, esta pretendida neutralidad inscrita en la definición de la política exterior mexicana hacia la región americana se empleó por parte de los distintos gobiernos nacionales para transmitir a sus contrapartes estadounidenses, luego de 1962, la certeza de que el mexicano no era, en ningún sentido, un régimen comunista, aunque sí revolucionario, pero institucional. Desde el punto de vista de la mayoría de los gobiernos posrevolucionarios en México, pues, la relación con Cuba podía explicarse por consideraciones o bien de principio (cuando la defensa de su autodeterminación y soberanía era, por extensión, una defensa de la autodeterminación y la soberanía de México), o bien de pragmatismo (cuando ello le permitía fortalecer su imagen, su posición y su liderazgo entre los Estados del entonces denominado Tercer Mundo) o bien de conveniencia (cuando defender a la Revolución Cubana implicaba matizar, ocultar o negar la propia represión y el autoritarismo priístas dentro de México).

La necesidad de mantener cierto margen de autonomía política en la definición de su relación con Cuba, respecto de las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos, aún si ello implicaba que México se quedase solo en el continente en su decisión, en esta línea de ideas, para los gobiernos de México siempre estuvo mediada por ese otro tipo de consideraciones que implicaban un posicionamiento internacional claro; incluso si éste nunca fuese explicitado por las autoridades mexicanas. Desde el punto de vista de su propia legitimidad política doméstica y entre los Estados tercermundistas, por ello, para la diplomacia mexicana siempre fue fundamental ofrecer certezas a Estados Unidos que una defensa de Cuba (o la amistad con la isla, si bien no su defensa militante) tenía que ver, casi siempre, con muchas consideraciones políticas, ideológicas, jurídicas y hasta económicas, pero muy pocas veces o casi nunca con la naturaleza misma de la Revolución Cubana.

Entiéndase, en consecuencia, que, en el contexto actual, esta misma apelación a una política exterior supuestamente neutral, esgrimida por la administración de Sheinbaum, más que reivindicar esa misma neutralidad como un dato fáctico busca hacer que el trumpismo tenga la certidumbre de que no es el nervio de izquierda que hunde profundamente sus raíces en el seno de la 4T y del obradorismo lo que anima los intercambios de todo tipo con la isla sino, antes bien, un respeto irrestricto a ciertos principios jurídicos, tanto del orden nacional como del internacional.

Ahora bien, más allá de toda discusión acerca de la falsedad que se esconde detrás de la aseveración de que es concebible y practicable una política exterior neutralista que no suponga, de suyo, el optar por un posicionamiento ideológico que le sea inmanente, y al margen, también, de lo lamentable que resulta que un gobierno nacional-popular, con una clara vocación de izquierda personificada por su presidenta constitucional en funciones, tenga que verse en la necesidad de negar su propio carácter apelando a la defensa de la tradición, con tal de no verse hostilizado por el imperialismo estadounidense, lo que hoy parece ser una prioridad en el debate público nacional respecto de las relaciones exteriores de México tiene que ver con el urgente imperativo de definir la postura internacional que tendría o que habría de tomar el gobierno de la presidenta Sheinbaum ante las presiones estadounidenses en contra de otros actores regionales y, sobre todo, en contra de México.

La situación imperante no es, en absoluto, sencilla. Por un lado, está lo evidente: en su segundo mandato, Donald Trump ha demostrado una mayor predisposición al recurso del uso de la fuerza en su trato con gobiernos extranjeros. Más aún, no sólo es él, personalmente, quien parece atravesar por ese característico periodo de envalentonamiento que tiende a embriagar a los presidentes estadounidenses en su segundo mandato ―cuando pueden elevar el costo de sus apuestas en tanto que su carrera política ya no estará sometida más a ningún tipo de validación o de ratificación popular―; en esa ruta también lo acompañan las y los titulares de los Departamentos de Estado que ejercen una mayor incidencia en la definición de la política exterior estadounidense.

Algunos de ellos, como Marco Rubio, inclusive han dado muestras suficientes de que son figuras políticas mucho más extremistas y radicales que el propio Trump en agendas que consideran prioritarias. De tal suerte que, incluso si Trump deja de aparecer en esta ecuación política, nada asegura que las cosas vayan a mejorar si alguno de sus hoy personeros lo sucede en el cargo o se mantiene como un elemento de definición de las relaciones internacionales de Estados Unidos en los años por venir.

A ello habría que sumar el elefante en la habitación: ni el gobierno mexicano ni ninguno de los gobiernos nacional-populares que aún sobreviven en la región ante la ofensiva de las extremas derechas lo ha querido asumir de manera explícita y pública, pero todos ellos parecen temer que a las y los titulares de sus poderes ejecutivos nacionales les suceda lo mismo que Estados Unidos hizo a Nicolas Maduro la madrugada del 3 de enero de este 2026. Y es que, incluso si en los cálculos estratégicos estadounidenses no figura la posibilidad de deponer a su antojo a tantos gobiernos americanos incómodos como les dé la gana, en el momento y por las razones que quieran (o por lo menos no más allá del venezolano ya depuesto y del cubano ahora en línea de fuego), la intervención armada de Estados Unidos en Venezuela ha conseguido disciplinar al resto de la región, obligando a otros gobiernos en el continente a considerar la probabilidad de un escenario similar al vivido por Nicolas Maduro en sus territorios si optan por confrontar demasiado al trumpismo.

En los hechos, la forma en que procedió Estados Unidos con la deposición del gobierno de Nicolás Maduro cambia las previsiones que los gobiernos americanos son capaces de tomar para blindarse o, por lo menos, defenderse ante una agresión imperial yanqui, respecto, por ejemplo, de las que podían tomar los gobiernos que fueron agredidos en la región a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Y ello es así porque lo que hizo el trumpismo no fue valerse de las fuerzas políticas y de los aparatos represivos venezolanos para derrocar a Maduro a la manera en que los andamiajes de seguridad y de inteligencia estadounidenses hicieron en la región para orquestar golpes de Estado e instaurar, acto seguido, dictaduras cívico-militares por todo el continente. En un escenario así, los gobiernos americanos, en efecto, podían optar por blindarse garantizando que las instituciones de sus Estados (sobre todo los poderes públicos nacionales e instituciones como las fuerzas armadas y de seguridad) se mantuviesen leales al gobierno en funciones y dispuestas a defenderlo ante una intervención.

Cuando, no obstante, la deposición del gobierno no se da en la forma de un golpe de Estado sino que, antes bien, se produce por una incursión militar extranjera en el país, no importa cuánto los gobiernos americanos en funciones gocen de la lealtad de sus fuerzas armadas y de seguridad, o del respaldo que le concedan los poderes del Estado, al final, serán la voluntad y las capacidades operativas estadounidenses las que definan el destino del gobierno intervenido en cuestión.

Comprender, pues, que la forma trumpista de intervenir en Venezuela es cualitativamente distinta de una estrategia de tipo golpista (aunque ésta cuente con apoyo táctico, técnico, estratégico, logístico, político, económico y diplomático estadounidense), ayuda a entender por qué, en el contexto actual, asumir el respaldo institucional de las fuerzas armadas de los Estados americanos o de otras instituciones, aparatos y poderes estatales no es ni condición necesaria ni suficiente para asumir la supervivencia de los gobiernos americanos hoy en funciones constitucionales. De ahí se sigue, en el caso mexicano, que, aunque la presidencia de Sheinbaum cuente con un sólido apoyo por parte de otros poderes públicos nacionales y de las principales instituciones de seguridad y de defensa del país (fortalecidas y sobredimensionadas hasta el hartazgo durante el gobierno de López Obrador), ello no le impida temer su remoción del cargo forzada por instituciones estadounidenses. Más aún si se confirma que las capacidades militares desplegadas por Estados Unidos en Venezuela son tan potentes y efectivas como hasta ahora parece que lo fueron.

Fulgores patrióticos aparte, después de todo, no puede obviarse que ninguno de los ejércitos americanos cuenta con capacidades técnicas como aquellas con las que cuentan las fuerzas armadas de Estados Unidos. Si algo confirma el caso de Venezuela es, de hecho, que la superioridad técnica y tecnológica sigue siendo una variable mucho más importante que el valor y la disposición a dar la vida por la patria cuando se trata de definir el resultado de la resistencia a una intervención armada extranjera.

---

• WhatsApp
• Telegram
• Spotify

Suscríbete a los canales oficiales de «la Docta Ignorancia»

---

Ahora bien, por supuesto se puede llegar a argumentar que Donald Trump ya ha dado muestras suficientes de que, si se le planta resistencia firme y persistente, tiende a dar marcha atrás con algunas de sus decisiones de política exterior más osadas. Su moderación manifiesta en el Foro de Davos de este año, respecto de la anexión territorial de Groenlandia, luego de que varios gobiernos europeos aceptaron alinearse en favor de la soberanía danesa ―se suele argumentar― es el ejemplo más reciente de que Trump siempre tiende a acobardarse cuando percibe fortaleza entre quienes se le resisten. De ahí se sigue que, en ciertos análisis recientes, en relación con las alternativas de las que podría disponer México, se milite en favor de la aceptación de que la principal estrategia que debería de adoptar el gobierno de la presidenta Sheinbaum en la relación trilateral de México con Cuba y Estados Unidos sea el de la confrontación directa, vociferante, explícita y hasta exagerada en alguna medida (a la manera en que el presidente brasileño, Luiz Inacio da Silva, suele hacer) con Estados Unidos.

La apuesta es, por supuesto, que, al observar resistencia firme, decidida y permanente, Trump y su gabinete desistan de sus presiones. Sin embargo, las variables que aquí no tendrían que perderse de vista para alcanzar a apreciar el error de cálculo en el que se podría estar incurriendo al adoptar este tipo de estrategia son, por un lado, que Trump, en efecto, ha moderado su trato con otros gobiernos, pero sólo en casos en los que están involucrados intereses sumamente sensibles para grandes potencias e intereses irrenunciables para potencias medias que, dicho sea de paso, logran construir consensos de respaldo alrededor suyo sumando a otras potencias medias y, en algunos casos, a potencias mayores (como China). Trump, por lo contrario, a lo largo de este segundo mandato no ha retrocedido ni una sola vez cuando los actores internacionales con los que trata son Estados periféricos (como México y el resto de los Estados americanos). De hecho, las pocas veces en las que su administración ha desistido de seguir adelante con alguna decisión de política exterior hacia estos actores ha sido, más que por efecto de una férrea resistencia periférica, debido a que los Estados periféricos han tenido que ceder en otras agendas o en un conjunto de ellas.

Así, por ejemplo, cuando ha parecido que el trumpismo daba marcha atrás con sus presiones en contra de México en materia comercial, debido a la resistencia diplomática mexicana, en realidad el desistimiento de la parte estadounidense se ha debido menos a esa supuesta resistencia que al hecho de que ha sido el gobierno mexicano el que ha tenido que ceder en agendas como la de seguridad (incrementando cualitativa y cuantitativamente las extradiciones de criminales reclamados por la justicia estadounidense) para contener al imperio en sus demandas. El distanciamiento comercial y diplomático respecto de China, así como la moderación en la retórica presidencial al tratar de la política doméstica y exterior de Estados Unidos, así como el endurecimiento de la contención de la migración en territorio nacional son, todas, evidencias de que la modulación de las presiones estadounidenses responde al número y al carácter de las concesiones que hace México al trumpismo.

Para que México pueda contener las demandas estadounidenses sin tener que ceder sistemáticamente en una miríada de agendas de la relación bilateral, o bien tendría que tener la fortaleza política y económica suficiente como para aguantar los embates del trumpismo sin debilitarse en el mediano y el largo plazos o bien tendría que contar con el respaldo de una gran potencia para la cual la autonomía y la estabilidad de México resulten ser una prioridad geopolítica y de seguridad nacional o bien tendría que hacer parte de un bloque o de una red de actores internacionales que en conjunto le ayuden a sobrevivir. En los hechos, México no cuenta con ninguna de esas tres ventajas: ni es una gran potencia o una potencia media, ni es un actor de importancia vital para otras grandes potencias (como China) o para otras potencias medias (como Alemania, Rusia o Francia) ni, mucho menos, cuenta con el apoyo de los bloques europeo o asiático de naciones.

En la región americana, para no variar, además de la proliferación de gobiernos de extrema derecha hostiles a la ideología que profesan la 4T y el obradorismo, los pocos gobiernos de izquierda, nacional-populares, que aún sobreviven (fundamentalmente México, Brasil y Colombia) no sólo no dan muestras de querer ejercer un liderazgo regional y buscar, a partir de ello, construir un bloque de resistencia al trumpismo sino que, además, cada uno tiene que lidiar con sus propias debilidades y agotamientos internos. Agotamientos y debilidades que, no debe obviarse, son la auténtica razón de que el imperialismo estadounidense se sienta tan vigoroso en la región y sea mucho más peligroso de lo que en realidad podría ser de no ser por todas las dificultades que atraviesan los gobiernos americanos individual y colectivamente.

En el caso mexicano, en particular, esa circunstancia interna se explica, entre otras razones, por la dependencia estructural de la economía de México respecto de la estadounidense y, sobre todo, por el rol centralísimo que en ella juega el tratado de libre comercio que se tiene con Estados Unidos y Canadá, en momentos en los que los desafíos que se atreva a plantear el gobierno de Sheinbaum al trumpismo seguramente serán convertidos por las autoridades estadounidenses en chantajes que condicionen y debiliten la posición de México en la renegociación de ese acuerdo este verano. Esa es una apuesta sencillamente muy grande y costosa para las autoridades mexicanas y la continuidad sexenal del proyecto de la 4T, inclusive, se puede ver comprometida existencialmente si ese proceso comercial falla sin que previamente el Estado mexicano haya tomado medidas de mitigación diversificando sus relaciones comerciales, de inversión y financieras por fuera de la órbita imperial de Estados Unidos. Cosa que, claramente, no ha sucedido ni se avizora como posibilidad en el futuro inmediato.

¿Qué hacer, entonces, cuando tantas variables domésticas y regionales parecen estar jugando en contra de los márgenes de autonomía política relativa con los que México se puede conducir en sus relaciones exteriores respecto de la mayoría de los Estado americanos y, sobre todo, en la coyuntura actual con Cuba?

Quizá lo primero y lo más importante que por ahora puede hacer el gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum sería el asumir la naturaleza del desafío y comunicarla de esa forma al pueblo que gobierna. Y es que, hasta ahora, quizá buscando no transmitir una imagen de debilidad o de sometimiento a los chantajes estadounidenses, la presidencia de México ha hecho pasar como soberanas decisiones que claramente son producto de las presiones, de las agresiones y de las amenazas estadounidenses. Así, por ejemplo, la retención (no se sabe si temporal o definitiva) de cargamentos de petróleo con destino a Cuba ha sido sistemáticamente defendida por la presidenta como una decisión soberana de la estatal Petróleos Mexicanos, dando por descontado que, en la historia de la relación bilateral, a veces sí se manda petróleo y a veces no, sin que las razones de ello sean explicadas ni explicitadas.

El problema de esta estrategia de comunicación social del gobierno de la República es que, por un lado, le resta credibilidad, al mostrar a la presidenta como una mandataria incapaz de asumir que se halla en una posición de asedio frente a la mayor potencia militar del mundo y, en cambio, la hace parecer como una cómplice de los intereses estadounidenses que, además de todo, los exculpa y los oculta apelando a una retórica soberanista. El gobierno de México, en este sentido, tiene que comprender que al disimular su debilidad frente a el coloso del Norte está neutralizando el potencial y efectivo descontento popular frente a las políticas imperiales estadounidenses y, en esa misma medida, perdiendo apoyos sociales que bien podría necesitar y movilizar en un escenario de crisis. No se trata, pues, de explotar comunicacionalmente ningún tipo de victimismo sino, sencillamente, de no solapar al trumpismo en México y no ocultar las evidentes asimetrías de poder existentes entre ambos países en un momento en el que la opinión pública nacional parece respaldar la idea de que la relación bilateral se halla deteriorada por los arrebatos trumpistas.

En segunda instancia, la presidenta haría bien en “comprar tiempo”: tiempo para fortalecer la posición de México de cara a la renegociación del tratado comercial, para aprovechar un posible fortalecimiento de la protesta social interna en Estados Unidos de cara a las elecciones intermedias en ese país y lo suficiente como para encontrar maneras de articular una red o bloque de apoyo regional y con participación de otras naciones del mundo no sólo en apoyo de Cuba, sino, en general, en favor de una agenda común que haga de la agresividad estadounidense su principal (y quizás único) eje de articulación, de tal suerte que éste no sea percibido como un mecanismo de defensa exclusivo de los Estados americanos frente a Estados Unidos.

En tercer lugar, el gobierno de la República debe apostar por salvar sus márgenes de maniobra en el mediano y el largo plazos, antes que priorizar la coyuntura inmediata. Y es que, hasta ahora, parece ser que lo que guía el actuar el gobierno mexicano en su trato con Estados Unidos y lo que se halla detrás de las muchas concesiones que ha hecho al trumpismo es el sentimiento de que se debe de evitar a toda costa un deterioro inmediato y pasajero de la situación interna en el país, producto de las presiones estadounidenses. El problema con esta política es que, al salvar la coyuntura, se arriesga también la capacidad de maniobra futura en el mediano y el largo plazos. Colocar en su justa dimensión el impacto que tengan en la fortaleza del gobierno mexicano las fluctuaciones y las presiones inmediatas (confiando en el apoyo popular con el que aún cuenta la presidenta Sheinbaum), sin embargo, le permitiría concentrar una enorme cantidad de esfuerzo en desarrollar condiciones económicas, culturales y políticas internas que permitan a la 4T resistir mejor a lo largo de los siguientes años, en lugar de seguir desgastando esa fuerza en la resolución de los vaivenes diarios.

Finalmente, en la medida en la que seguir enviando petróleo a Cuba sí puede redundar en un severo golpe para México, producto de las represalias que tomaría por ello el gobierno de Estados Unidos, lo que puede hacer el mexicano es avanzar en la decisión de la presidenta de sustituir esas trasferencias energéticas por artículos de primera necesidad (como alimentos) para coadyuvar a mitigar lo más que se pueda un drama humano al interior de la isla, pero debe hacerlo, no obstante, sin catalogarlo como ayuda humanitaria, pues ello abre las puertas a que en la arena internacional se opte por defender una intervención militar de tipo humanitario en la isla, como ocurrió en los Balcanes durante los años noventa del siglo pasado (el famoso nuevo humanismo militar del que escribió Chomsky).

Paralelamente, el gobierno mexicano también debe buscar la forma de coadyuvar a la isla a desarrollar más eficaz y eficientemente sus capacidades de producción alternativa de energía internamente, interviniendo, sobre todo, en proyectos prioritarios de generación de energía a partir de fuentes no fósiles en sectores estratégicos del país que le permitan a la isla conseguir mayores grados de autonomía y autosuficiencia energética. Y hacerlo, sobre todo y en la medida de lo posible, de forma discreta (no por temor, sino, hay que insistir para ganar tiempo) mientras las correlaciones de fuerzas dentro y fuera de Estados Unidos se modifican, aunque sea un poco. Interesa aquí, sobre todo, que en las elecciones de este año en América se consolide la izquierda en Brasil y en Colombia, para que México pueda contar con ambas naciones como soporte de un incipiente, pero necesario, bloque regional.

Lo que definitivamente no debe hacer el gobierno de México es, no obstante, ceder sistemáticamente a los caprichos del trumpismo. A estas alturas de la historia ha quedado claro que el imperialismo estadounidense no se calma con concesiones ni el hambre del trumpismo se sacia cediendo ante él en todo cuanto exige. Seguir ese camino únicamente envalentonaría a las élites estadounidenses y les demostraría que no hay límites ni líneas rojas que no puedan alcanzar y cruzar sin que ello se traduzca, entre la comunidad internacional, en resistencia.

---