A lo largo de las primeras horas de la madrugada de este 3 de enero del 2026, el mundo supo, principalmente a través de redes sociales, que Caracas, la capital venezolana, así como los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, habían sido objeto de bombardeos por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos. Apenas un par de minutos después de lo acontecido, el Gobierno de la República Bolivariana emitió un comunicado que, entre otras cosas, confirmaba la información que hasta ese momento sólo había trascendido en redes y, además de ello, llamaba a la población a resistir todo intento de intervención extranjera en el territorio, bregando por hacer a un lado diferencias políticas e ideológicas para garantizar la defensa de la soberanía nacional.

Ya al amanecer, todos los canales oficiales de comunicación del gobierno de Estados Unidos confirmaron (con triunfalismo y arrogancia) lo que durante al menos diez u once horas se sospechaba dentro y fuera de América Latina: la presidencia de Donald J. Trump había ordenado la intervención militar en el país Grancaribeño para deponer del cargo a Nicolás Maduro, trasladarlo a territorio estadounidense para su procesamiento judicial por una decena de cargos criminales y, por supuesto, asegurar el control directo de los recursos naturales venezolanos por parte de las corporaciones y los aparatos de seguridad de Estados Unidos. En conferencia de prensa en Mar-a-Lago, de hecho, alrededor del mediodía, Trump aseveró que mientras no existiesen condiciones idóneas para garantizar una transición gubernamental capaz de cumplir con las demandas de seguridad de Estados Unidos, serían las propias fuerzas armadas estadounidenses las que se harían cargo de dirigir/gobernar a Venezuela de manera directa.

A estas alturas del partido, no está demás subrayar que nada de lo acontecido en Venezuela hasta ahora quedó fuera del libreto que desde hace meses la administración Trump había dado a conocer públicamente a todo el mundo. De hecho, en más de una ocasión Trump mismo y sus principales personeros en su gabinete lo expresaron abierta y explícitamente: eventualmente, si el gobierno de Venezuela no cedía ante sus exigencias (que iban desde su aceptación a convertirse en un títere de Estados Unidos hasta la dimisión de Nicolás Maduro del cargo) las fuerzas de seguridad y los aparatos de inteligencia de Estados Unidos tomarían el asunto en sus manos y, aunque fuese por medio del uso irrestricto de la fuerza, obligarían al país a experimentar un cambio de gobierno y, más aún, de régimen político. El trumpismo, pues, no hizo más que cumplir sus amenazas; las mismas que durante meses consiguieron normalizar en amplios sectores de la comunidad internacional la eventual agresión armada yanqui a un Estado americano.

Aunque la pregunta pueda parecer ociosa para quienes han decidido atrincherarse sistemáticamente en cualquiera de los extremos de esta ecuación política (o bien el correspondiente a la dogmática defensa del gobierno de Maduro, por un lado; o bien el relativo a la intransigente demanda de una intervención extranjera en el país, por el otro), vale la pena el que sea formulada: ¿en qué medida es legítima esta intervención estadounidense en territorio venezolano?

Y vale la pena su formulación, en efecto, porque no puede obviarse que, por lo menos desde enero del 2019 (cuando otro Golpe de Estado buscó hacer de Juan Guaidó el presidente de hecho de Venezuela), este país atraviesa por un agudo encono político que en parte se explica por la intervención extranjera que soportó la falsa presidencia de Guaidó hasta 2023, en parte por el bloqueo económico internacional (incluyendo la ilegal confiscación de activos venezolanos en el exterior, la imposición de sanciones, la limitación de posibilidades de financiamiento externo y la restricción a su actividad comercial), en parte por el asedio diplomático regional (institucionalizado en iniciativas como el Grupo de Lima), en parte por la polarización interna y los crecientes niveles de extremismo y radicalismo adoptados del lado de la oposición y, por supuesto, en parte por los errores políticos del gobierno de Maduro y, hasta cierto punto, por el prolongado, pero sostenido agotamiento de amplios sectores del chavismo.

De cara al progresivo deterioro de las condiciones de vida que ha experimentado una porción considerable de la población venezolana ―que, hay que insistir, no se explica si no se tiene en cuenta la inclemente ofensiva imperial de la que ha sido objeto el país, paralela al relativo aislamiento internacional al que se le fue orillando, principalmente gracias al auge de las extremas derechas en la región―, y del que son síntomas los más de siete millones de venezolanos y venezolanas desplazados, los altos índices inflacionarios, de informalidad laboral y de pobreza, ¿no valdría la pena discutir, pues, sobre la necesidad de que la comunidad internacional intervenga en el país para coadyuvar a su población a mejorar su situación actual y sus perspectivas de futuro?   

De acuerdo con la oposición al chavismo, en general, y al gobierno de Nicolás Maduro, en particular, es esta suerte de toma de conciencia sobre las condiciones de vida al interior de Venezuela lo que debería de llevar al resto del mundo a exigir que la comunidad internacional (o una parte de ella) intervenga en el país; básicamente y sin tanto rodeo ―sostienen―, porque en ello se juega el compromiso del resto del mundo con los valores y los principios del humanitarismo universal.

Algunos de los ejemplos más audaces que se han llegado a esgrimir en esta línea de argumentación para justificar y legitimar la posibilidad de una intervención extranjera en el país, en este sentido,  han ido desde el señalamiento de lo fundamentales que habrían sido este tipo de intervenciones humanitarias cuando la mayor parte del continente estuvo gobernada por dictaduras de seguridad nacional cívico-militares (de ahí la insistencia con la que señalan al gobierno de Maduro como una dictadura, aunque en los hechos siempre hubiese estado lejísimos de ser, el suyo, un régimen dictatorial) hasta llegar a poner en cuestión que una intervención de este tipo habría podido evitar crímenes de lesa humanidad por todo el mundo a lo largo de la historia. Para no variar, no faltó, inclusive, quien se atrevió a señalar que la lógica detrás de la petición de intervención en Venezuela era análoga a aquella que exigía también intervenir en Palestina para detener la masacre de su pueblo.

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Puesta la discusión en estos términos, en el fondo, cualquiera podría argumentar que ni siquiera a las izquierdas del mundo les debería de resultar ajena o revulsiva la posibilidad de bregar por una intervención en cualquier parte del mundo siempre y cuando ahí, en ese espacio, se cumplan con las condiciones de hecho necesarias para legitimar una actuación unilateral o multilateral de tipo humanitario. Pero es precisamente ahí, no obstante, en donde se halla la principal falencia del espíritu intervencionista en Venezuela. Y es que, hasta obvio resulta precisarlo, Venezuela no es Palestina, ni la Argentina de Videla ni el Chile de Pinochet ni el Brasil de Castelo Branco; regímenes, todos ellos, en los que plausiblemente se habría justificado una intervención internacional de tipo humanitario para contener los muchos crímenes que en cada uno de esos contextos se cometieron (y, en el caso palestino, que aún se cometen).

Ahora bien, ¿no supone este contraste de ejemplos una contradicción en los términos?, ¿no resulta ser una suerte de defensa de un doble rasero para juzgar circunstancias si bien no idénticas, similares? ¿Por qué, después de todo, a la izquierda sí debería de concedérsele el derecho a exigir una intervención, por ejemplo, en Palestina, apelando a normas de derecho internacional sobre crímenes de lesa humanidad y no, por lo contrario, debería de reconocérsele a la oposición al chavismo una prerrogativa análoga cuando ésta apela a normas de derecho internacional distintas, sí, pero normas de derecho internacional a final de cuentas?

Más allá del hecho de que los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de poblaciones como la palestina suponen el desarrollo de fenómenos cualitativa y cuantitativamente diferenciados que no admiten comparación alguna, seria, con la crisis política que Venezuela vive desde hace por lo menos un lustro, la otra variable de esta ecuación que tampoco habría que perder de vista es la evidente asimetría de poder en la que se hallan los Estados americanos respecto de las potencias del mundo que están en condiciones de llevar a cabo una intervención de cualquier tipo (incluyendo las humanitarias y las falsamente proclamadas como humanitarias) y a las que en general recurren las élites golpistas y reaccionarias de América para hacer valer sus intereses (a menudo movilizando a sus bases sociales de apoyo en contra de sus propios derechos y libertades).

Esas asimetrías de poder, así como la posición periférica, de subordinación y de dependencia en la que las grandes potencias suelen enclaustrar (a menudo en contra de su voluntad) a las sociedades y los Estados americanos implica que una renuncia al ejercicio del derecho de soberanía nacional (popular) frente a otros Estados, otros gobiernos y otros pueblos supone, también, una renuncia al ejercicio de este mismo derecho hacia el interior de los propios Estados americanos; es decir: entraña la abdicación de la lucha del pueblo por su posición como soberano frente a las élites y las clases nacionales que resulten dominantes por su relación de dependencia respecto de las potencias intervencionistas como poderes garantes de última instancia de su dominio, estabilidad y supervivencia política. De ahí, precisamente, que lo que se halle en juego con las proclamas intervencionistas en Venezuela no sea sólo la constricción de los márgenes de autonomía relativa, del propio Estado venezolano en el plano regional e internacional sino, asimismo, los márgenes de autonomía relativa de las capas mayoritarias de la población venezolana dentro de su propio Estado, frente a las élites y las clases que las dominan, las explotan y las marginan.

Expuesto lo anterior, pues, valga la pena reiterar: la exigencia de un acto de intervención extranjera en los asuntos de un Estado cualquiera, pero sobre todo de uno periférico, subordinado y dependiente, nunca debe de interpretarse en abstracto, al margen de las circunstancias histórico-políticas específicas en las que éste se halla. De lo contrario se corre el riesgo de andar bajo la noche en la que todos los gatos son pardos y en la que una crisis política como la venezolana ―que hasta antes del golpe de Estado de este enero todavía era susceptible de ser resuelta por medio del entramado institucional venezolano y acogiéndose a prácticas del multilateralismo regional e internacional contemporáneos― termina siendo asumida como una situación idéntica a un genocidio como el palestino o a una dictadura de seguridad nacional apoyada por los aparatos de seguridad y de inteligencia estadounidenses.

El gobierno de Nicolás Maduro, sin lugar a dudas, a pesar de siempre haber estado dispuesto a negociar con la oposición, el injerencismo y el golpismo, cometió errores políticos a lo largo de los últimos diez años (aunque siempre condicionado por las presiones sobre él ejercidas por el asedio internacional). En particular, su atrincheramiento político como sucesor directo de Hugo Chávez lo llevó a perder de vista lo fundamental que resultaba, para su propia subsistencia, el no sólo reproducir la retórica de su antecesor sino, asimismo, construir su propia base de legitimidad popular más allá, precisamente, del hecho de saberse el cuadro político al que Chávez confió la continuidad de su proyecto de nación en la presidencia de Venezuela.

Las sucesivas crisis por las que su administración atravesó desde 2015 (cuando el chavismo perdió la mayoría en las elecciones parlamentarias de ese año), incluyendo las múltiples y diversas amenazas, sabotajes y ofensivas estadounidenses con la ayuda de la oposición venezolana y sin ella, lejos de representarle una oportunidad clara para construir, ampliar y consolidar su propio poder popular lo condujeron a instalarse en la creencia de que, en tanto que Venezuela estuviese bajo amenaza extranjera, su persona y su mandato resultarían indispensables para la mayor parte de la población. Subestimó, sin embargo, los estragos que en su pueblo causarían los regímenes internacionales de sanciones que le fueron impuestos y las capacidades con las que contaría el Estado venezolano para hacerles frente en un contexto en el que las rentas petroleras del país se redujeron hasta en un 50% sin nunca haber sido capaces de recuperarse. Al final, la soledad en la que se halló de cara al Golpe de Estado del que fue objeto y la debilidad con la que la comunidad internacional lo arropó dieron cuenta de ello; de su atrincheramiento y del aislamiento en el que ya se encontraba.

Y, sin embargo, a pesar de esos errores, nada justifica una acción de intervención política, diplomática y militar unilateral por parte de Estados Unidos en el país. Es éste un acto que no únicamente viola el propio Estado de derecho estadounidense (al usurpar Trump atribuciones que le corresponden al poder legislativo federal) sino que también rompe con el marco institucional y con la observancia de las normas de derecho internacional que regulan la coexistencia entre naciones y Estados soberanos. Para el resto de los Estados americanos, consentir y solapar el Golpe de Estado estadounidense en el país asienta un peligroso precedente que el trumpismo no va a dudar en explotar en su beneficio: legitima la deposición de gobiernos nacionales de cualquier signo político y al margen de su legitimidad popular y de su legalidad con base en la defensa de acusaciones y cargos criminales cuando no sacados de la pura fantasía, sí construidos a partir de mentiras y de información manipulada.

En última instancia, aceptar el nuevo statu quo venezolano supone aceptar la ilegitimidad, la injusticia y la ilegalidad de la política de poder estadounidense como legítima, justa y legal en tiempos en los que la libertad, la igualdad, la democracia y la justicia social en América se hallan asediadas por la emergencia, el fortalecimiento y/o la consolidación de nuevas extremas derechas. En tiempos, sobre todo, en los que los argumentos esgrimidos para intervenir en el Gran Caribe son susceptibles de ser esgrimidos, todos, por las élites estadounidenses en contra de cualquier otro gobierno de América.

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