Menos de veinticuatro horas antes de que el Comité Noruego del Nobel decidiera galardonar con su Premio de la Paz a María Corina Machado, una de las principales figuras de oposición al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela (y pese a que detrás de ella arrastra un extenso historial de peticiones de intervención extranjera en este país Grancaribeño y, hasta la fecha, su liderazgo político ha brillado en la arena internacional por su cercanía con figuras representativas de las extremas derechas globales), durante la madrugada del viernes 10 de octubre del año en curso, el Congreso de la República del Perú daba a conocer al mundo que, por votación mayoritaria (118 en favor, ninguno en contra y ninguna abstención), la hasta entonces presidenta del país, Dina Boluarte, había sido destituida del cargo.

En estricto sentido, la destitución de quien asumiera la presidencia del país en diciembre del 2022, producto, a su vez, del golpe de Estado en contra de un inexperto Pedro Castillo que buscó declarar un Estado de excepción en el Perú para, a través suyo, vencer las resistencias que su gobierno enfrentó por parte de los restantes poderes del Estado y de sus élites políticas, militares y empresariales, no fue sino el desenlace más o menos predecible al que condujeron, por lo menos, cuatro propuestas de vacancia por permanente incapacidad moral presentadas y respaldadas ante el Congreso por las bancadas legislativas de diversos partidos políticos. Es decir, la remoción de Boluarte, la primera mujer en presidir este país andino, no fue una destitución sustancialmente distinta respecto de los procesos análogos que tuvieron que enfrentar un puñado de expresidentes del Perú antes de ella.

¿Cómo explicar, a la luz de lo acontecido, que el mismo Congreso que respaldó a Boluarte en la consumación del golpe de Estado en contra de Pedro Castillo fuese el mismo que, poco menos de tres años después, terminara destituyéndola invocando el mismo numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú (acerca de la permanente incapacidad moral) con el que se buscó enjuiciar políticamente a Castillo en, por lo menos, tres ocasiones?

Hasta el momento, la narrativa que ha dominado en la mayor parte de los medios de comunicación dentro y fuera del Perú tiene que ver con el reconocimiento de que el proceso de vacancia moral de Boluarte fue detonado por una crisis de inseguridad, criminalidad y violencia que, de a poco, se fue enseñoreando en la mayor parte del país. Y lo cierto es que no sorprende que sea este el principal factor explicativo esgrimido lo mismo en notas periodísticas que en análisis, columnas de opinión y comentarios editoriales diversos. Después de todo, en los hechos, éste fue, precisamente, el argumento que se blandió en el pleno del Congreso peruano para justificar la procedencia del juicio en contra de la hoy expresidenta; acusando que ésta demostró su propia incapacidad moral y física no sólo para atender con prontitud y asertividad dicha crisis sino, asimismo, para contener sus efectos, atajar sus causas y reparar el daño hasta ese momento experimentado por el pueblo peruano.

El problema con esta explicación es que, por un lado, al privilegiar los factores coyunturales por encima de los estructurales y sistémicos pierde de vista la tendencia histórica que han seguido el Estado peruano, su régimen político y su cultura política a lo largo de lo que va del siglo XXI. Por el otro, obvia la necesidad de analizar el modo específico a partir del cual la vacancia por permanente incapacidad moral opera en el país para sostener un sistema de dominación de tipo oligárquico que, además, de a poco ha ido transmutando cada vez más al tradicionalmente débil sistema presidencialista peruano en uno esencialmente parlamentario que se alimenta y se sostiene de una miríada de mecanismos formales e informales destinados a contener y reprimir las capacidades de incidencia de la sociedad civil, del pueblo peruano, en la política nacional y la conducción del Estado en cuestión.

Y es que, en efecto, sin negar lo mucho o lo poco que los repuntes en las mediciones de violencia y de criminalidad en el país terminaron por incidir en que, al final, en el Congreso nacional se formaran los consensos necesarios para proceder con el juicio en contra de Boluarte, acá lo que no habría que perder de vista es que, en el legislativo peruano, esa causal operó, más bien, como el pretexto ad-hoc para hacer proceder el juicio de vacancia, antes que como la verdadera causa de fondo. Esta última, dicho sea de paso, no es unívoca y, a juzgar por la trayectoria que ha seguido la historia política reciente del país, parece estar anclada en tres procesos que, a su vez, son un subproducto de las deudas que dejó tras de sí la supuesta transición a la democracia que atravesó el país a principios del siglo XXI. Supuesta y no real en tanto que dejó intactas muchas de las estructuras y de las lógicas de dominación, explotación y marginación que mantuvieron con vida a los regímenes dictatoriales y autoritarios postdictadura a partir de la vuelta de siglo.

A saber: la normalización de la propia inestabilidad y de las crisis políticas como una forma de disciplinamiento sociopolítico y sociocultural; el mayor acentuamiento de las facultades y de la acción política del Congreso del Perú sobre los otros poderes y, en particular, sobre la presidencia del Estado; y, el recurso cada vez más persistencia que se hace de la invocación de la vacancia presidencial por incapacidad moral (que a su vez halla su correlato en una cada vez más endémica y generalizada corrupción gubernamental en el ejercicio del poder público).

En este marco, pues, de entendimiento más amplio ―pero sin pretender que en su lógica se agote la discusión― lo primero a lo que habría que prestar atención es al hecho de que, tras los gobiernos de la supuesta transición democrática (que más bien fueron de estabilización postdictadura), de Alejando Toledo, Alan García y Ollanta Humala, la dinámica sociopolítica y sociocultural de este país andino se ha caracterizado por una tendencia cada vez mayor a la inestabilidad institucional y, en general, del régimen político dominante. Rasgo, éste, que, a primera vista, podría parecer un momento de excepcionalidad luego de la relativa estabilidad con la que ejercieron su mandato estos tres personajes entre los años 2000 y 2016, pero que, apreciado con mayor detalle, en realidad parece estar dando cuenta de dos fenómenos.

El primero de ellos sería que, por fin, muchos de los trazos autoritarios y dictatoriales que sobrevivieron a la fallida transición peruana a la democracia a principios del siglo XXI están alcanzando su punto de agotamiento, sobre todo entre las masas. Y, el segundo, que la inestabilidad política y las crisis institucionales recurrentes en el país, por lo menos a lo largo de los últimos diez años, han pasado a formar parte del repertorio del que disponen las élites oligárquicas del Perú para gobernar las tensiones y las contradicciones internas que ellas mismas ya no están pudiendo (o queriendo) gestionar de otros modos. En este sentido, la persistente inestabilidad sociopolítica y sociocultural observada en el Perú a lo largo de la última década (la mayor parte del tiempo propiciada por el propio funcionamiento de los poderes y de los aparatos del Estado, antes que por la movilización militante e insistente del pueblo peruano) funciona en el país más que como una obstrucción como la condición de posibilidad de la que depende el sostenimiento de los regímenes de dominación política, de explotación económica y de marginación social a partir de los cuales sobreviven sus élites políticas y empresariales.

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Las crisis sociopolíticas y socioculturales constantes en el Perú, de esta forma, sirviéndose de la instauración de un estado de permanente incertidumbre e inseguridad (en el sentido amplio de la palabra y no en su uso restringido a temas de seguridad pública), además de favorecer el disciplinamiento del conjunto de la población (a menudo reduciéndola a la inacción), y de los grupos e individuos pertenecientes a las élites peruanas que, por la razón que sea, osan o consiguen rebasar ciertos acuerdos tácitos o explícitos de convivencia (convirtiéndolos en parias de la política), también posibilita la reorganización, la reestructuración y la redefinición de las correlaciones de fuerzas en las que estas oligarquías se hallan inmersas y en disputa (entre ellas mismas, por supuesto, pero también entre ellas y las masas que de a poco han ido acumulando fuerzas, en especial a partir de la pandemia de Covid-19).

Puestas así las cosas, resulta un poco más sencillo apreciar cómo, cuando se gestó el golpe de Estado en contra de Pedro Castillo, por ejemplo, el móvil que animó su vacancia fue, evidentemente, su pretensión ―inexperta y hasta ingenua― de movilizar a las masas en contra de las inercias del sistema político peruano que bloquearon la parte fundamental de su proyecto de gobierno desde el comienzo. Con Dina Boluarte, por lo contrario, la motivación fundamental del proceder en su destitución parece haber sido, más bien, la de reequilibrar fuerzas dentro de las propias capas oligárquicas del país; las mismas que, dicho sea de paso, estuvieron dispuestas a sostenerla en el cargo cuanto hiciera falta frente a las agudas y a menudo virulentas protestas que se manifestaron en contra de su mandato en los momentos inmediatamente posteriores a la consumación del golpe de Estado en contra de Castillo. Impugnaciones sociales colectivas que, de hecho, aunque con menor intensidad, radicalidad, alcances y extensión, no cesaron a lo largo de los siguientes dos años y medio después de que Boluarte asumió constitucionalmente la presidencia de la nación y que, por cierto, son a las que se refirieron algunos de los posicionamientos de los partidos en el Congreso cuando apuntaron al incremento de la violencia en el país (en un acto de abierta criminalización de la protesta social) como causal de la incapacidad moral permanente de la entonces presidenta.

En segunda instancia, en esta línea de ideas, tampoco habría que perder de vista que si bien es verdad que el sistema presidencial peruano siempre se ha caracterizado por la marcada influencia que ejerce en su interior el Congreso de la República (en algunas ocasiones haciéndolo parecer mucho más un régimen de tipo parlamentario que presidencialista stricto sensu), no es menos cierto que, a lo largo de las últimas décadas, esa preponderancia parlamentaria se ha ido agudizando y acentuando cada vez más. Y ello, sobre todo, por medio del recurso que hace a figuras constitucionales de control parlamentario sobre la presidencia como las que se refieren a las cuestiones de confianza y las mociones de censura del Congreso respecto de la presidencia de la república (comparables con las que se presentan, por ejemplo, en España), a su capacidad para declarar el cierre de sus actividades (similar al government shutdown estadounidense), a la vacancia presidencial (fundamentalmente por incapacidad física y moral) o a la acusación constitucional (juicio político) y/o el antejuicio político (análogos al impeachment típico anglosajón, pero que también cuentan con una añeja tradición propia en el constitucionalismo latinoamericano).

En efecto, en todos estos casos, lo que resulta evidente no es sólo que el Poder Legislativo nacional del Perú cuenta con mayores mecanismos de control y de contrapeso respecto, en este caso, de la presidencia del país. Asimismo, en cada uno de estos recursos constitucionales del Congreso peruano se evidencia que su capacidad para ampararse en ellos, procesarlos y consumarlos es, también, mayor; habida cuenta del hecho de que a las causales y a las condicionantes, así como a las normas procesales con las que se los invoca y se los ejecuta les es inherente cierto grado de ambigüedad, de ambivalencia y de imprecisión que, en última instancia, dan paso a que prácticamente cualquier hecho que señalen las bancadas partidistas en el Congreso como causal de vacancia es susceptible de caber dentro de los márgenes contemplados por cada uno de esos supuestos constitucionales (sobre todo las que hacen parte de ese piso tan resbaladizo como lo es el de la moral, ya sea ésta laica o religiosa).

Lo cual conduce al tercer factor explicativo de largo plazo acerca de la destitución de Dina Boluarte (pero no sólo de ella): la laxitud con la que particularmente la vacancia presidencial fundamentada en la figura constitucional de la permanente incapacidad moral se ha venido invocando en el Perú a lo largo de la última década ya no sólo como un mecanismo ad-hoc de las élites políticas peruanas para realizar ajustes circunstanciales dentro de sus propios círculos sino, asimismo, como un medio tanto para violentar la voluntad popular como para concentrar la agenda gubernamental en manos del Congreso.

Es cierto, por lo demás, que, aunque esta figura ha existido en prácticamente cada Constitución Política del Perú desde 1823 (aunque su letra vigente provenga de 1993), durante todo ese tiempo, apenas cinco presidentes del país fueron vacados a su amparo (José de la Riva-Agüero, en 1823; Guillermo Billinghurst, en 1914; Alberto Fujimori, en el 2000; Pedro Pablo Kuczynski, en el 2018; y Martín Vizcarra, en el 2020). ¿Qué sustenta, entonces, la afirmación de que es el recurso cada vez más sistemático a esta figura constitucional una de las causales profundas de la permanente crisis sociopolítica y sociocultural que vive el Perú desde hace, por lo menos, una década? La respuesta se tiene que buscar en la insistencia con la que en el Congreso se ha invocado la vacancia presidencial por incapacidad moral para ejercer algún tipo de presión, condicionar o determinar el ejercicio de la presidencia del país, no en las veces en las que, en efecto, su invocación en el parlamento peruano condujo a la destitución de la persona titular de la presidencia. Y es que, si se centra la atención en su uso como mecanismo de presión, aunque en los hechos el juicio como tal no resulte procedente, lo primero que se alcanza a observar es que, cuando este recurso no llega a propiciar o bien la destitución o bien la renuncia de las personas al frente de la presidencia del país, sí impacta de manera sustancial tanto en la definición de la trayectoria histórica seguida por el gobierno a mediano y largo plazo como en las decisiones que éste toma en el día a día.

Además, no debe pasarse por alto lo evidente: desde el final del mandato constitucional de Ollanta Humala, la amenaza parlamentaria de procesar a través de esta figura a la persona que esté al frente del poder ejecutivo nacional del Perú ha tenido como consecuencia más inmediata una alteración significativa de los ciclos y de los procesos político-electorales en el país, por lo que, de facto, la república peruana lleva casi ya una década sin un liderazgo presidencial legitimado por la voluntad popular. La última persona que gozó de esa condición de legitimidad como mandato popular fue, precisamente, Pedro Castillo, cuyo mandato popular fue anulado luego de un año y ciento treinta y dos días por la inminencia de un juicio de vacancia en su contra (que en última instancia lo llevó a buscar instaurar un Estado de excepción para evitar su destitución asegurada).

A la luz de todas estas consideraciones, pues, habría que prestar atención a la necesidad de no leer casos como los de Dina Boluarte desde un registro individualizante y personalista, en el que la responsabilidad y la naturaleza de los hechos no comiencen, transiten y se agoten en la pura personificación de quien resultó destituida de la presidencia, ni siquiera en los casos en los que sus actos de corrupción personal son manifiestos e ineludibles. Es preciso, antes bien, prestar atención a la situación peruana en lo que ésta tiene de estructural, evidenciando la larga trayectoria histórica que definen a sus rasgos principales. De ahí que, por más que la destitución de Boluarte pueda ser interpretada como un acto de justicia ante su rol en la consumación del golpe de Estado en contra de Pedro Castillo, lo urgente es pensar la severidad de la crisis por la que atraviesan no sólo el gobierno del Perú, sino el Estado mismo, su régimen político y, por supuesto, la cultura política que los anima y, aún, mantiene con vida.

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